Archivos diarios: octubre 28, 2015

PMVP: SIETE CLAVES PARA ENTENDER LA NUEVA POLITICA DE PRECIOS

La norma recién aprobada y revelada este martes para la determinación y fijación de precios concentra tal atribución en los productores e importadores, con la particularidad de que lo harán además para toda la cadena de distribución y comercialización. Es decir, fijarán el llamado precio máximo de venta al público.

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Eliminación de registro de costos en ley de 2014 dejó a ciegas al Estado para definir política de precios

La eliminación del Registro Nacional de Precios de Bienes y Servicios, creado en la Ley de Costos y Precios Justos de 2011, así como del sistema automatizado de análisis de precios dejó al Estado administrando a ciegas la política de abastecimiento y de determinación de precios, desde enero de 2014 cuando entró en vigencia la nueva legislación.

A esa conclusión se puede arribar cuando se verifica que el nuevo instrumento legal solo contempla un registro de personas que realizan actividades económicas (RUPDAE), que se limita a recopilar datos legales y generales sobre su área productiva, pero no sobre los costos, inventarios y precios asociados.

Asimismo el cuerpo legal, aprobado en forma habilitante por el presidente Nicolás Maduro en noviembre de 2013, no solo derogó la ley anterior de precios y costos, sino que también lo hizo con la ley de defensa del consumidor y el usuario.

De esa manera se liquidó el órgano de protección al consumidor (Indepabis), y sus tareas, junto con las de control de precios y ganancias fueron absorbidos por una nueva institución denominada Superintendencia de Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Sundde).

Sin embargo el marco legal y el mecanismo institucional le dio mayor peso e influencia a las tareas de control del comercio en lugar de las de defensa del usuario o la determinación de los precios.

De hecho la ley como tal no dejó claro cómo sería el procedimiento para la determinación del precio de cada bien o servicio, y dejó a cargo de la definición de tales parámetros al organismo recién creado , que lo formalizaría posteriormente a través de disposiciones administrativas de carácter normativo, denominadas providencias.

La ley de 2011 establecía nítidamente la ruta de la determinación del precio, incluyendo el sistema de calculo de costos, el mecanismo aprobatorio y hasta los recursos de que disponía el productor para impugnar las decisiones. Mientras que la providencia 003/2014, que definió los criterios contables para el nuevo proceso, ni siquiera establece la obligación para que esos análisis sean consignados rutinariamente ante la Sundde.
  
Ciertamente establece la atribución de la Sundde para realizar auditorías cuando lo considere necesario. 

En la ley reemplazada el mecanismo ordinario de determinación de precios se inicia con la inscripción y aporte de información por parte de los empresarios y particulares.  Esa información debía ser analizada en forma particular, y sobre esa revisión se podría ratificar el precio informado por la empresa o establecer un nuevo precio al producto acorde con la estructura de gastos y costos.

Pero lo mas importante era que el organismo regulador tendría acceso a una importante muestra de análisis de costos que le permitiría definir parámetros generales y por categorías para determinar los precios de distintos rubros. E incluso generar alertas tempranas sobre la disponibilidad y variaciones de precios de insumos involucrados en los diferentes procesos productivos.

La posibilidad de acceder en forma sencilla pero al tiempo integral a los datos que definían el escenario productivo del país quedó truncada con la desaparición de esos sistemas de registros, como el de precios de bienes y servicios y el de análisis de costo por extensión del primero.

Probablemente la falta de una base de datos histórica sobre costos de los diferentes rubros, permitió que se asumiera como imposible la ejecución de controles precisos sobre cada análisis que sustentaría los precios definidos por las empresas.

Y así se llegó a la providencia 057/2014 que en la práctica le entregó a los importadores, productores y comerciantes la determinación de los precios. Esto ocurrió en cierta medida porque “se confundió” la impresión o marcación del precio con la determinacion o calculo del mismo.

Sin duda a esto se refería el presidente Maduro cuando decía, el pasado martes, que la ley ‘comenzó a ser desde hace un tiempo, penetrada, burlada, infiltrada” por lo que habría “llegado la hora de que reaccionemos.”

El artículo 3 de la normativa administrativa establece que “el Precio de Venta Justo deberá ser establecido y  marcado a todos los productos, bienes y mercancías”, dando a entender que es una sola entidad cuando en realidad es evidente que son actos y situaciones diferenciadas.

La determinación o fijación del precio es una facultad del la SUNDDE según el artículo 11, numeral 3 de la Ley que dice  “Fijar los precios máximos de la cadena de producción o importación, distribución y consumo, de acuerdo a su importancia económica y su carácter estratégico, en beneficio de la población, así como los criterios técnicos para la valoración de los niveles de intercambio equitativo y justo de bienes y servicios.”.

Por su parte el articulo 24 establece que “La determinación, modificación y control de precios es competencia de la SUNDDE, en los términos establecidos en la presente Ley.”

Sin embargo la providencia le otorga atribuciones para fijar precios al productor e importador, pues en su artículo 2 dice que el Precio de Venta Justo es el fijado por la SUNDDE o por el productor/importador en condiciones de igualdad.

Victor Hugo Majano

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